¡Infiltrados en el Congreso! ¿Qué dijo Adorni sobre el “terrorismo” que sorprendió a todos? ¡No te lo pierdas!

El clima político en Argentina se intensificó tras el anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó que el Gobierno ha presentado una denuncia por terrorismo contra quienes participaron en los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la movilización en contra de la reforma laboral. Este giro en la narrativa oficial parece destinado a judicializar la protesta social, mientras que se ignoran las denuncias sobre la presencia de infiltrados policiales que provocaron la violencia.

Adorni argumentó en un mensaje en la red social X (ex Twitter): «Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional», agregando que «el que las hace, las paga. Fin». Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido rápidamente cuestionada por observadores que han documentado la presencia de agentes de civil que parecían participar como manifestantes antes de que estallaran los incidentes.

La situación se tornó aún más compleja cuando el colectivo humorístico Hermana Beba publicó un video en Instagram mostrando cómo cuatro infiltrados, supuestos manifestantes terroristas, atacaban el vallado policial mientras los chorros de los carros hidrantes y gases lacrimógenos no les afectaban. Con su estilo característico, Beba pidió que los verdaderos manifestantes, en su mayoría jubilados pacíficos, fueran tratados con respeto y no reprimidos sistemáticamente.

Contradicciones en el relato oficial

La denuncia por terrorismo anunciada por Adorni se produjo pocas horas después de que varios medios documentaran la presencia de estos infiltrados, quienes se mezclaron con los manifestantes pacíficos y comenzaron a lanzar piedras, bombas Molotov y fuegos artificiales contra la policía. Este acto de provocación desató una represión que incluyó balas de goma, gases y camiones hidrantes, resultando en la detención de dos personas. Testigos afirmaron que la acción fue planificada con el objetivo de desalentar la protesta sindical.

Organizaciones de derechos humanos que prefirieron mantener en reserva su identidad criticaron la aplicación de la figura de terrorismo para calificar los incidentes. Señalan que tal acusación es desproporcionada y que se está utilizando como parte de una estrategia de criminalización de la protesta social. La movilización había sido convocada por la CGT y las dos CTA para rechazar la reforma laboral que el Gobierno está promoviendo en el Senado, la cual incluye cambios significativos en las condiciones de contratación y despido.

La retórica del Gobierno se ha escalado notablemente, con altas figuras como el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli calificando a los manifestantes de «delincuentes organizados». Esta narrativa parece un intento deliberado de desviar la atención de las denuncias sobre la operación de infiltración policial, levantando un relato de amenaza al orden constitucional que contrasta con el carácter pacífico de la protesta.

La decisión del Gobierno de presentar una denuncia por terrorismo refleja una estrategia más amplia para deslegitimar el descontento social y minimizar las críticas hacia su manejo de la seguridad. A medida que avanza el debate sobre la reforma laboral, es crucial que los ciudadanos mantengan un ojo crítico sobre las acciones del Gobierno y cómo estas pueden afectar los derechos de reunión y protesta.

Puntos clave:

• Denuncia por terrorismo contra manifestantes tras los incidentes en el Congreso.
• Documentación de la presencia de agentes de civil que provocaron la violencia de manera coordinada.
• Los infiltrados se mezclaron entre los manifestantes pacíficos realizando actos violentos.
• La denuncia por terrorismo parece un intento de desviar la atención de la operación policial.
• La CGT y las CTA convocaron a la movilización pacífica en rechazo a la reforma laboral.