¡Inseguridad extrema! ¿Qué revelan los guardias de Galicia sobre el peligro en hospitales? ¡No podrás creerlo!

En un entorno marcado por la creciente inseguridad en los centros sanitarios públicos de Galicia, el personal de seguridad privada se congregó recientemente frente a la Consellería de Sanidade en A Coruña. Esta protesta, organizada por el sindicato USO, surge en respuesta a una alarmante situación: según datos de la Xunta de Galicia, un total de 856 profesionales del SERGAS han reportado algún tipo de agresión, de las cuales 340 involucraron violencia física. La situación es aún más crítica si se considera que el personal de seguridad está lidiando con la falta de protocolos adecuados para manejar situaciones con pacientes psiquiátricos.

Una denuncia presentada por CCOO señala que no existe una evaluación específica y actualizada de los riesgos a los que están expuestos los vigilantes de seguridad en el CHUAC (Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), así como la carencia de protocolos operativos que sean de conocimiento general entre el personal. A modo de ejemplo, en diciembre pasado, un profesional sufrió la pérdida de parte de una oreja tras ser mordido por un paciente que presentaba un comportamiento violento. Hasta la fecha, no ha habido respuesta de las autoridades, incluyendo la empresa Prosegur, que gestiona los servicios de vigilancia.

La denuncia también critica la práctica de las empresas de realizar evaluaciones de riesgos laborales de manera superficial, resolviendo los trámites con un simple "corta y pega". Esta situación se agrava por la tendencia de los concursos públicos a adjudicarse a la baja, lo que deteriora la calidad del servicio y aumenta la inseguridad tanto para los trabajadores de seguridad como para el personal sanitario. CCOO argumenta que todo esto se enmarca en el "adelgazamiento de la sanidad pública".

Modificación legislativa en el horizonte

En un intento por abordar estas preocupaciones, la Xunta ha anunciado una modificación legislativa que se encuentra en trámite parlamentario. Esta iniciativa, que fue aprobada por el Consello de la Xunta el pasado 10 de noviembre, tiene como objetivo incorporar medidas de protección frente a agresiones a sanitarios dentro de la ley de salud. La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, ha declarado que se busca incluir a los vigilantes de seguridad en los futuros pliegos de servicios sanitarios.

Entre las medidas propuestas se incluyen la elaboración de protocolos de seguridad y la provisión de asistencia letrada a los profesionales que sean agredidos. La Xunta asegura que esta modificación ha sido desarrollada con aportaciones de diversos colectivos, incluyendo profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad del estado y sindicatos.

Sin embargo, la Comisión del Centro del CHUAC ha manifestado su preocupación ante la falta de acción contundente. Exigen a la gerencia que asuma su responsabilidad y adopte medidas "reales y eficaces", en lugar de limitarse a "protocolos en el papel". Desde la agresión con arma blanca a un enfermero, ocurrido en febrero, solo se ha implementado la instalación de un botón de pánico en los ordenadores de urgencias, una medida que critican por ser insuficiente dado que no hay ordenadores en los boxes donde se atiende a los pacientes. Además, el número de vigilantes ha pasado de uno a dos únicamente en horario de tarde, lo que es considerado por muchos como una respuesta inadecuada a la crisis de seguridad.

Es fundamental que la situación de los pacientes psiquiátricos también reciba atención. Los trabajadores insisten en que estos pacientes no deben ser estigmatizados, sino que requieren más recursos y una atención adecuada en un sistema de salud que, en su opinión, ha sido debilitado por años de recortes y reformas.

La creciente inseguridad y la falta de apoyo para el personal de seguridad y sanitario en Galicia plantea una preocupación que no solo afecta a los trabajadores, sino que también impacta directamente en la calidad de atención que reciben los ciudadanos. La lucha por mejores condiciones y protocolos más robustos es un tema que requiere la atención de todos los sectores involucrados en la salud pública.