Kicillof se endeuda a niveles históricos, ¿puede Milei detener la catástrofe? ¡Los bonaerenses al borde del abismo!

La reciente aprobación en la Legislatura bonaerense del pedido de endeudamiento por 3.685 millones de dólares solicitado por el gobernador Axel Kicillof ha generado un nuevo capítulo en la disputa política entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Sin embargo, esta decisión no solo es un tema de cruce mediático, sino que esconde una realidad mucho más cruda para los trabajadores y las mayorías.

La deuda solicitada no está destinada a mejorar la vida de los bonaerenses, sino a saldar vencimientos de una estafa previa y a sostener un presupuesto de ajuste. La negativa del presidente Javier Milei a autorizar este endeudamiento refleja una lógica de extorsión política, buscando disciplinar a las provincias en un contexto financiero cada vez más complicado. Así, los bonaerenses se convierten en rehenes de dos modelos que, a pesar de sus discursos opuestos, coinciden en descargar la crisis sobre sus espaldas.

El conflicto se intensificó tan pronto como se conoció la sanción de la ley. Esto fue posible gracias a un escandaloso toma y daca, donde el oficialismo provincial ofreció cargos millonarios en el Banco Provincia y fondos discrecionales a los intendentes opositores a cambio de sus votos. Sin embargo, esta normativa ahora enfrenta el filtro del Ministerio de Economía nacional, dirigido por Luis Caputo, quien ha cuestionado la autorización, argumentando que Buenos Aires no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal al aumentar el gasto corriente por encima de la inflación.

Desde el entorno libertario, con Sebastián Pareja a la cabeza, se ha manifestado que el presidente vetará este endeudamiento. La respuesta del gobierno provincial fue inmediata. Kicillof, en un intento de posicionarse como la víctima del ahogo financiero, exigió a Caputo que aprobara el endeudamiento “rapidito”, mientras su ministro Carlos Bianco amenazó con llevar al gobierno nacional a la justicia si se bloquea esta medida. Sin embargo, esta victimización no puede ocultar la verdadera política económica que Kicillof está implementando.

El gobernador, que busca ser la cara visible de la oposición y presentar una alternativa al modelo libertario, en realidad replica la lógica del ajuste y el pago constante de la deuda externa. De los casi 3.700 millones de dólares solicitados, una parte considerable se destinará a cubrir vencimientos de deuda heredada, validando así la estafa del macrismo que él mismo denunció en campaña. El resto, disfrazado bajo el rótulo de "proyectos de inversión" o cobertura de déficit, se utilizará para tapar agujeros de una administración que ha recortado el presupuesto en áreas sensibles.

El Presupuesto 2026 de la provincia prevé un ajuste promedio del 20% en términos reales respecto al último aprobado, con reducciones de hasta el 28% en Educación. Mientras se asegura el pago a bonistas, las escuelas están en condiciones deplorables, los hospitales carecen de insumos y los salarios de docentes, médicos y empleados estatales están perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

Esta situación evidencia por qué el peronismo no se ha constituido como una barrera real contra la ultraderecha. Kicillof y otros gobernadores del Partido Justicialista (PJ) están atrapados en la lógica del “mal menor” que gestiona la miseria. Su reciente fotografía con líderes de la CGT, avalando la pasividad de la central obrera frente a reformas laborales y el ajuste nacional, refleja un dirigente que prioriza el orden fiscal por encima de los derechos de los trabajadores. Su disposición al “diálogo” con el presidente, manifestada tras las elecciones, confirma que no existe una grieta real cuando se trata de asegurar la gobernabilidad del sistema.

El endeudamiento aprobado no es una herramienta de soberanía, sino un salvavidas que hipoteca el futuro de la provincia. Kicillof profundiza la dependencia al tomar deuda en moneda extranjera para gastos corrientes, limitando así la autonomía fiscal de Buenos Aires por años. Además, el método utilizado para conseguir la ley demuestra la descomposición del régimen político: la ampliación del directorio del Banco Provincia para ubicar a militantes de la UCR, el PRO y libertarios dialoguistas con sueldos millonarios, junto con la creación de fondos discrecionales para intendentes, expone que la “política” tradicional se reduce al reparto de privilegios a espaldas de las necesidades populares.

Frente a este escenario, donde Milei ajusta con severidad y Kicillof lo hace con medidas de endeudamiento, los trabajadores carecen de opciones dentro de las alternativas del sistema actual. La solución no es elegir entre el verdugo nacional y el administrador progresista de la escasez. Desde la izquierda, planteamos un programa de emergencia que se base en el desconocimiento soberano de la deuda externa provincial y nacional, redirigiendo esos recursos para abordar la deuda social interna.

La crisis fiscal de la provincia no se soluciona pidiendo prestado a Wall Street, sino atacando la concentración de la riqueza. Es fundamental implementar impuestos progresivos reales a grandes terratenientes, multinacionales y bancos que operan en Buenos Aires. Solo rompiendo con la lógica del FMI y los mercados y poniendo los recursos de la provincia al servicio de un plan de obras públicas y recomposición salarial bajo control de los trabajadores, se podrá salir del laberinto del ajuste perpetuo en que nos han metido tanto libertarios como peronistas.