¡La crisis se agrava! ¿Qué esconden las Provincias Unidas al no dialogar con la Casa Rosada? Los sorprendentes detalles que nadie te contó.

Con la convocatoria de sesiones extraordinarias en puerta, el Congreso de la Nación se prepara para una semana intensa. En un escenario marcado por la polarización, donde La Libertad Avanza y Unión por la Patria se encuentran en el centro de la grieta, los espacios políticos que buscan posicionarse en el medio jugarán un papel crucial en la balanza legislativa. Sin embargo, uno de estos sectores, Provincias Unidas (PU), parece haber caído en el olvido por parte del gobierno nacional, ya que no mantiene una línea de diálogo abierta con la Casa Rosada.

El nuevo Congreso alberga una diversidad de posiciones: por un lado, los ex Cambiemos, aliados del oficialismo, y por otro, Provincias Unidas, un bloque que responde a un grupo de gobernadores que busca una agenda estrictamente federal. Ambos cuentan con 22 representantes, pero la falta de negociación con el gobierno se hace evidente. Según una fuente del bloque, “el gobierno no abrió una línea con PU”, lo que es particularmente notable dada la importancia de provincias como Santa Fe y Córdoba, que no tienen un diálogo activo sobre el Presupuesto 2026.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pero aún no ha dialogado con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Esta falta de comunicación se traduce en preocupaciones sobre las compensaciones para las cajas jubilatorias, que ascienden a seiscientos mil millones de pesos por año. Además, en Santa Fe, la situación se complica por la deuda que la provincia tiene con ARCA, un convenio firmado durante el mandato del exgobernador Omar Perotti.

Con el tiempo, la alianza que reunió a los seis gobernadores —Pullaro, Llaryora, Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes)— se ha debilitado, especialmente tras las elecciones de octubre. Legisladores como Diógenes González y José Luis Garrido han abandonado el bloque, y el resultado es un grupo reducido a diez diputados que se centran en Pullaro, Llaryora, Sadir y Torres, coexistiendo con otros ocho miembros, incluyendo figuras como Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón.

El interbloque “Unidos”, que incluye a Encuentro Federal y la Coalición Cívica, suma en total 22 integrantes. Esta diversidad puede generar posturas disímiles dentro del grupo, donde algunos proponen que el Presupuesto debe incluir las leyes que fueron votadas y que el presidente Javier Milei ha vetado. Diputados como Maximiliano Ferraro y Lousteau advierten: “Si no se incorporan, nosotros el presupuesto no lo podemos aprobar”.

Desde el bloque PU, surge la percepción de que el oficialismo buscará limitar su crecimiento, relegándolos a un rol secundario en el recinto, especialmente en aspectos como la integración de comisiones y la ocupación de la vicepresidencia tercera de la Cámara, cargo que sigue en suspenso. Se ha informado que el diálogo entre el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y la presidenta del bloque PU, Gisela Scaglia, es “bastante hostil”, lo que sugiere que el PRO de Christian Ritondo podría ocupar dicha vicepresidencia, lo que daría a la Cámara una composición “poco plural”.

En el Senado, el oficialismo muestra confianza en conseguir los números necesarios, lo que llevó a Patricia Bullrich a solicitar que esta cámara sea la de origen para el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral. Sin embargo, los representantes del bloque PU no tienen un panorama alentador. Se estima que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para evitar negociaciones con senadores como Alejandra Vigo (Córdoba), Carlos Espínola (Corrientes) y Edith Terenzi (Chubut), lo que limita aún más las opciones de diálogo.

Con este contexto, la próxima semana en el Congreso será decisiva. Las tensiones entre los distintos bloques, especialmente entre el oficialismo y Provincias Unidas, revelan un escenario político complejo. Los próximos días determinarán no solo la dirección del nuevo presupuesto, sino también el futuro de la colaboración entre las provincias y el gobierno nacional.