¿La piñata bonaerense? Descubre el oscuro secreto detrás de 7 políticos que te dejarán en shock. ¡No querrás perderte esto!

La madrugada del 4 de diciembre fue testigo de una de las sesiones más polémicas en la historia de la Legislatura bonaerense, donde la política se reveló como un juego de aprietes y transacciones oscuras. En este escenario, el Ejecutivo de la provincia, bajo la conducción del gobernador Axel Kicillof, buscaba el apoyo legislativo para tomar una nueva deuda destinada a financiar un déficit que él mismo ha ampliado de forma exorbitante.

La situación se tornó tensa cuando los diputados, conscientes de la desesperación del gobernador, comenzaron a negociar no solo un aval para el endeudamiento, sino también posiciones y beneficios personales. Kicillof amplió el directorio del Banco Provincia de ocho a 14 integrantes, lo que generará un costo mensual de aproximadamente 70 millones de pesos al estado. Este movimiento, y otros similares, pone de manifiesto una lógica política que trata al Estado como un botín, donde la gobernabilidad se compra a través de cargos y privilegios.

Durante esa misma sesión, no sólo se discutieron los cargos en el Bapro. También se repartieron puestos en el Consejo General de Educación y en el Tribunal Fiscal. Días antes, Kicillof había creado una nueva estructura dentro de la administración pública: el “Incaa bonaerense”, destinado a fomentar la industria del cine con un presupuesto inicial de 626 millones de pesos. Esta medida fue aclamada por los dirigentes kirchneristas como un avance hacia la “soberanía cultural”, aunque muchos argumentan que en realidad oculta una voracidad por cargos y recursos.

La dinámica de negociación en la Legislatura, sin embargo, ha mostrado un rostro poco edificante. Las discusiones en torno al endeudamiento deberían incluir un compromiso para mejorar las infraestructuras en los distritos, pero en lugar de eso, lo que se vio fue un feroz tira y afloja por beneficios personales. Las nuevas designaciones de funcionarios no se traducen en mejoras para la ciudadanía; más bien, representan una carga adicional sobre las arcas públicas.

Desde que Kicillof asumió en 2019, ha creado alrededor de 70.000 nuevos empleos en la administración pública provincial. Sin embargo, el aumento del 140% en cargos políticos no se traduce en personal capacitado para atender necesidades básicas como salud y educación, sino que se concentra en puestos que aseguran salarios altos y privilegios para quienes los ocupan.

La votación en la madrugada del 4 de diciembre se realizó de manera opaca, con mano alzada y sin registro público de cada legislador. Este tipo de proceder ha sido la norma en la Legislatura bonaerense, donde la falta de control y transparencia ha permitido la consolidación de un sistema en el que los cargos se otorgan como moneda de cambio. La colaboración entre bloques, incluyendo votos de la oposición, demuestra cómo la frontera entre oficialismo y oposición se desdibuja en una lógica de intereses compartidos.

¿Quién se atreverá a denunciar esta telaraña de corrupción que permea la Legislatura bonaerense? Los mecanismos de control parecen haber sido desmantelados, convirtiendo el palacio legislativo en un búnker de complicidades donde la rendición de cuentas brilla por su ausencia. Esta cultura política, que prioriza el beneficio personal sobre el interés público, ha llevado a que la Legislatura sea vista más como una caja que como una institución representativa.

Este escándalo no solo afecta a la Legislatura. El Banco Provincia empieza a parecerse más a un “aguantadero político” que a una entidad financiera que asuma su rol de manera profesional. En lugar de ofrecer créditos para viviendas y proyectos productivos, se ha convertido en un instrumento para financiar las necesidades del poder político, obviando así su verdadera función social.

Los recientes acontecimientos reflejan una tendencia preocupante en la administración pública bonaerense. El sistema se alimenta de una rueda infinita de compromisos y privilegios que solo desplaza aún más la necesidad de endeudamiento, generando un ciclo de déficit que impactará a las futuras generaciones. La falta de atención a las necesidades básicas de la ciudadanía, como caminos rurales y hospitales, es el precio que se paga por estas negociaciones.

En este contexto, el desafío que enfrenta la ciudadanía es monumental. La necesidad de un cambio en la forma en que se hacen las cosas en la Legislatura bonaerense es urgente, pero parece que los mecanismos para ello están lejos de ser efectivos. ¿Dónde están las voces que se animen a romper con este círculo vicioso y exigir transparencia, rendición de cuentas y una administración que realmente sirva a los bonaerenses?