¿Milei al borde del colapso? ¡Descubrí qué oculta el Presupuesto que podría cambiarlo todo!

La presidencia de Javier Milei se enfrenta a una semana crucial que podría definir el rumbo inmediato de Argentina. Con la intención de convertir al Congreso en un "escribanía exprés", el gobierno busca validar rápidamente sus medidas económicas antes de los festejos de fin de año. Este esfuerzo legislativo apunta a consolidar un paquete de reformas que incluye un presupuesto 2026 con déficit cero, cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y modificaciones a la Ley de Glaciares.

La urgencia se siente en la Casa Rosada, donde el oficialismo pretende aprovechar el impulso de su victoria parlamentaria. En la Cámara de Diputados, se busca obtener media sanción para leyes estructurales que no solo afectan la economía, sino también los derechos de los trabajadores y la soberanía sobre los recursos naturales. Mientras tanto, en el Senado avanza la reforma laboral, creando un escenario de ataque simultáneo contra los derechos de los ciudadanos.

El oficialismo se apoya en una reconfiguración política que le ha otorgado una mayoría. La bancada de La Libertad Avanza, que ahora cuenta con 95 escaños gracias a la suma de legisladores de otros partidos, tiene el apoyo de bloques aliados, incluidos aquellos que responden a gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. Este intercambio de votos por promesas de fondos y obras públicas en sus provincias muestra cómo el peronismo ha renunciado a defender los intereses de los trabajadores en esta nueva fase de ajuste.

Con comisiones como la de Presupuesto y Hacienda bajo control libertario, se planea dictaminar los proyectos entre el lunes y el martes, con el objetivo de llevarlos al recinto el miércoles 17 de diciembre. La celeridad responde al temor de que el creciente malestar social, impulsado por la inflación y la ola de despidos, complique los planes de un gobierno que necesita mostrar éxitos ante el FMI y los inversores.

En este contexto, el presupuesto 2026 emerge como el eje central de un plan de ajuste perpetuo. Presentado por el Ejecutuvo, el presupuesto valida recortes en áreas esenciales como salud, educación y tecnología. Está diseñado para garantizar un superávit que permita el pago de intereses de una deuda externa cuestionada, a expensas de las jubilaciones y los salarios estatales. La aprobación de esta ley daría a Milei la facultad de seguir desfinanciando el Estado, transfiriendo recursos de los sectores más vulnerables hacia acreedores internacionales.

El gobierno también impulsa la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que propone elevar los montos mínimos a partir de los cuales se considera delito la evasión tributaria. Mientras se persigue a pequeños contribuyentes, se permite la impunidad de los grandes evasores, creando un sistema que beneficia a quienes han especulado contra el peso y ocultado su riqueza en paraísos fiscales.

Otro aspecto preocupante es la modificación de la Ley de Glaciares, que busca reducir la zona de protección periglacial para facilitar la expansión de la megaminería. Este cambio responde a la presión de corporaciones mineras y gobernadores aliados, poniendo en riesgo las reservas hídricas en un contexto de crisis climática. La entrega de recursos naturales a multinacionales extractivistas muestra un modelo económico que prioriza el lucro empresarial sobre el bienestar de las comunidades locales y la preservación del medio ambiente.

La Respuesta Social y el Futuro Laboral

Mientras avanza este paquete de leyes, el Senado se convierte en otro frente de batalla, donde se busca aprobar la reforma laboral. Presentada como una modernización, en realidad busca eliminar indemnizaciones por despido, extender la jornada laboral y limitar derechos como el de huelga. Este ataque simultáneo a los derechos laborales revela un plan integral que busca reestructurar la sociedad en beneficio de una minoría privilegiada.

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser la resignación ni confiar en las maniobras de una oposición que ha mostrado complicidad. La convocatoria de la CGT a movilizarse el 18 de diciembre en Plaza de Mayo, aunque tardía, ofrece una oportunidad para expresar el descontento popular. Sin embargo, es fundamental que esta movilización se organice de manera independiente y no se convierta en un mero instrumento de la burocracia sindical.

La clave para enfrentar el ajuste no radica en negociar sus términos, sino en movilizar masivamente a la población. Desde el MST, se propone un programa de emergencia que incluya el desconocimiento de la deuda externa y la nacionalización de la banca. Solo así se podrá garantizar que la crisis no la paguen los trabajadores, sino aquellos que realmente la generaron, asegurando un futuro sostenible para todos los argentinos.