Milei firmó un pacto inquietante: ¿Cómo afectará a Malvinas y nuestra seguridad? ¡Descubrí la verdad!

El presidente Javier Milei ha dado un paso crucial en la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) al firmar el Decreto 864/2025, que establece por primera vez en más de 20 años las directrices estratégicas para dicho sistema. Este decreto aprueba la “Política de Inteligencia Nacional”, un documento de 34 páginas que orientará el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en los años venideros.

El Decreto 864/2025 es significativo porque representa la primera definición formal de una política de inteligencia en dos décadas. Según el mismo, se instruye a la SIDE a elaborar una “Estrategia de Inteligencia Nacional” que implemente los objetivos establecidos.

Un Diagnóstico Crítico

El decreto inicia con un diagnóstico alarmante sobre el estado actual del SIN, describiendo un “deterioro relevante” durante más de tres décadas que “socava el funcionamiento de las instituciones democráticas”. Entre los ejemplos de esta descomposición institucional, se mencionan hechos de “suma gravedad institucional”, como los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, cuyos casos aún no han sido completamente esclarecidos. También se hace referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El gobierno ha ratificado la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), considerándola un “notorio retroceso institucional”. La SIDE se compone ahora de cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Intereses Estratégicos y Ejes de Acción

La nueva política establece cinco intereses estratégicos que guiarán todas las actividades del sistema:

1. Asegurar la soberanía y autonomía de la Nación.
2. Proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado.
3. Proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes.
4. Asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal.
5. Preservar los recursos estratégicos.

Además, el anexo de la política desarrolla diez lineamientos estratégicos que abarcan áreas clave de interés. Entre los más destacados se encuentran:

• Malvinas y Atlántico Sur: Se establece un seguimiento a la “ocupación ilegítima del territorio nacional”, haciendo referencia a las Islas Malvinas y la intensificación de actividades logísticas y militares de potencias extrarregionales en el Atlántico Sur y la Antártida.
• Recursos Estratégicos: La Argentina enfrenta “escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos” en relación a su dotación de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas.
• Ciberseguridad: Este se define como un “vector de influencia y superficie de ataque”, abordando la “superioridad de la información y riesgo de influencia externa”, especialmente en operaciones de desinformación que buscan erosionar la cohesión social.
• Terrorismo: El país se muestra “expuesto a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente”, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales.
• Crimen Organizado: Se describe como “una estructura de poder paralela” que se beneficia de la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales.

Este decreto y la nueva política de inteligencia marcan un cambio fundamental en la forma en que la Argentina manejará sus asuntos de seguridad nacional en un contexto global cada vez más complejo. La implementación de estos lineamientos no solo es un paso hacia la modernización de las instituciones, sino que también busca recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de inteligencia, que ha sido gravemente cuestionado en el pasado.