¿España puede cerrar redes sociales para contener al independentismo?
¿España puede cerrar redes sociales para contener al independentismo?
2
¿España puede cerrar redes sociales para contener al independentismo?
En primero lugar, el interrogante se potenció tras las condenas a los líderes independentistas de Cataluña, especialmente cuando el gobierno español cerró la página web y la aplicación de Tsunami Democràtic.
Estas medidas surgieron con la aprobación de un decreto del presidente Pedro Sánchez.
Las disposiciones le permiten al Ejecutivo intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas mediante «supuestos específicos».
Según aclara el sitio Hipertextual «el Gobierno ya tenía estas capacidades antes de la aprobación urgente del decreto, pero lo que varió fue que ahora esos supuestos fueron ampliados y de manera ambigua».
Alarma en Cataluña
El grupo Tsunami Democràtic considera que es parte de una estrategia «para eliminar la separación de poderes.
De esa manera, se adjudicaría al gobierno «la posibilidad de alterar el ejercicio de la libertad de expresión persiguiendo una ideología concreta circunscrita a un territorio determinado».
"Lo peor de este decreto es que hacen creer a la gente que el Estado tiene algún poder sobre internet, y que una una app como @tsunami_dem , que permite a la gente discutir y reunirse, sea evaluada como un problema de seguridad nacional y orden público."https://t.co/ukwKqnwXmB
— Xavi #NoBorders (@xavislow) November 16, 2019
Según consigna Hipertextual, la razón principal para aprobar el decreto urgente se basa en la creación de la República Digital Catalana:
La herramienta plantea un nuevo concepto de la ciudadanía que no está basada en un territorio específico. Para el Ejecutivo, pretende ser un espacio en el que gobierne un estado paralelo e independiente al del español.
Los supuestos
El meollo de la discusión legal en España radica en los motivos que tiene el gobierno para poder cerrar plataformas digitales.
Los escenarios que habilitan esa medida son varios: que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.
El texto del Real Decreto-ley 14/2019 del 31 de octubre dice:
Esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.
«Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación».
2