¿Sabías que el femicidio de Débora Bulacio expone un oscuro secreto del sistema judicial? ¡Descubre la impactante verdad!

En las últimas horas, el caso del femicidio en Necochea ha tomado un nuevo giro. El defensor oficial del acusado, **Gabriel Gutiérrez**, quien enfrenta cargos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, solicitó su traslado a la localidad con el objetivo de garantizar su derecho a la defensa. La jueza de garantías, **Aida Lhez**, aún no ha emitido una respuesta al respecto.

Este caso resuena con un doloroso precedente en la ciudad. La periodista **Lucila Mercazo** recordó que el próximo primero de diciembre se cumplirá un año del femicidio de **Magalí Vera**, quien fue asesinada por su marido. Este trágico evento dejó una marca en la comunidad de Necochea, resaltando una problemática que persiste en la sociedad argentina.

Gutiérrez, a pesar de las evidencias en su contra, incluida la filmación de cámaras de seguridad que lo incriminan, negó los hechos durante su declaración ante el fiscal. Su detención en la **Unidad N15** de Batan fue casi inmediata, a raíz de pruebas contundentes.

Mercazo también destacó que Gutiérrez contaba con un historial de denuncias, incluyendo dos por amenazas y lesiones, así como una por desobediencia judicial, las cuales fueron archivadas por el **Poder Judicial de Azul**. Esto plantea serias interrogantes sobre la efectividad y la sensibilidad del sistema judicial frente a los reclamos de mujeres en situación de violencia de género. “Sabemos que la justicia nunca es preventiva y que muchas veces no escucha los pedidos de las mujeres que se ven sometidas a la violencia de género”, reflexionó Mercazo.

Este caso se suma a la creciente preocupación en Argentina por los femicidios y la impunidad que a menudo los rodea. Según estadísticas recientes, las denuncias por violencia de género han aumentado en los últimos años, pero la respuesta institucional aún deja mucho que desear. La falta de medidas preventivas y la desestimación de denuncias previas continúan poniendo en riesgo a las mujeres.

La situación exige una reflexión profunda sobre el funcionamiento del sistema judicial y su capacidad para proteger a las víctimas de violencia de género. El caso de Gutiérrez no solo es un recordatorio de la fragilidad de la justicia, sino también de la urgencia de implementar políticas efectivas que garanticen la seguridad de las mujeres en Argentina.

A medida que avanza este caso, la comunidad de Necochea y el país en su conjunto estarán atentos a las decisiones que se tomen, esperando que se haga justicia y que se tomen medidas concretas para evitar que tragedias como estas se repitan.