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El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, está impulsando un proyecto de ley conocido como el “Principio de Inocencia Fiscal”. Este busca incentivar el uso de los dólares que los argentinos mantienen “debajo del colchón”, estimados en aproximadamente u$s 253.919 millones según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta cifra equivale a casi seis veces las reservas brutas del Banco Central, que ascienden a u$s 43.014 millones.

El contexto de esta iniciativa se enmarca en la búsqueda de soluciones frente a una economía marcada por la alta tensión cambiaria y la presión inflacionaria, que han llevado a muchos argentinos a resguardar sus ahorros fuera del sistema financiero. En un evento organizado por la Fundación IEB, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que se estima que los ahorros informales de los ciudadanos alcanzan los u$s 200.000 millones.

El proyecto, que ya había sido presentado en mayo, tiene como objetivo ofrecer seguridad jurídica al contribuyente. La idea es que aquellos que posean ahorros fuera del sistema formal puedan regularizar su situación tributaria sin temor a sanciones excesivas. Sin embargo, la propuesta enfrenta el desafío de avanzar en el Congreso y ganar la confianza del público.

Detalles del Proyecto de Ley

Una de las modificaciones clave que plantea el proyecto es el ajuste de los umbrales para considerar ciertas conductas como delitos tributarios. Por ejemplo:

• Evasión simple: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones.
• Evasión agravada: el nuevo umbral sería de $ 1.000 millones en lugar de $ 15 millones.
• Facturas apócrifas: se elevaría el umbral a $ 100 millones.

Además, se propone que el contribuyente pueda evitar la denuncia penal mediante el pago total de la deuda e intereses, o abonar un 50% del monto adeudado dentro de un plazo de treinta días hábiles tras la imputación.

En cuanto a los procedimientos fiscales, la iniciativa introduce cambios significativos en la prescripción tributaria. Se reduce el plazo general a cinco años para contribuyentes inscriptos, tres años si las declaraciones se presentan sin discrepancias, y diez años para no inscriptos. Las multas también se actualizarán automáticamente a partir del 1° de enero de 2027.

Frente a las críticas de especialistas en tributación sobre el endurecimiento de las multas, Caputo aseguró que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trabajará en soluciones menos inflexibles. El ministro mencionó que, en lugar de aplicar la multa directamente, se enviarán recordatorios por un plazo de 10 a 15 días hábiles antes de proceder a intimar.

El proyecto también introduce un régimen simplificado de Ganancias destinado a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $ 1.000 millones y patrimonio inferior a $ 10.000 millones. Este régimen permitirá aceptar el efecto liberatorio total del impuesto, salvo en casos de discrepancias significativas.

La implementación de este proyecto significaría un cambio notable en la forma en que los argentinos manejan sus ahorros y enfrentan la carga tributaria. La urgencia por atraer esos fondos al sistema financiero podría tener un impacto significativo en la economía nacional, especialmente en momentos de incertidumbre como los actuales, con las elecciones programadas para el 26 de octubre.

Con el objetivo de estabilizar la economía y recuperar la confianza de los ciudadanos, el Ejecutivo espera que el Principio de Inocencia Fiscal sea un paso hacia la formalización de ahorros y una mayor inversión en el país. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de su aceptación por parte de la población y la capacidad del Gobierno para demostrar que las garantías ofrecidas son reales y efectivas.