¿Sabías que los bancos ya no podrán tocar tu tarjeta de crédito sin tu permiso? ¡Descubre cómo esto cambia todo!

El Gobierno español ha dado un paso significativo en la regulación del crédito al consumo al aprobar un anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo que introduce cambios drásticos en las prácticas bancarias. Esta normativa tiene como objetivo **frenar el sobreendeudamiento** de los consumidores, obligando a las entidades financieras a obtener el **consentimiento expreso y previo** de los clientes antes de emitir tarjetas de crédito o aumentar los límites de las existentes.

La ley establece de forma clara que «toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y **sin su consentimiento expreso**» queda totalmente prohibida. Esto busca evitar situaciones en las que los usuarios se encuentren con productos financieros que nunca solicitaron, generando así endeudamientos indeseados. Sin embargo, se permite que los prestamistas ofrezcan créditos preautorizados, ya que la intención no es limitar la oferta comercial, sino controlar la activación unilateral de mecanismos de financiación.

Este anteproyecto no solo transpone dos directivas europeas, sino que también regula la financiación al consumo en un sentido amplio: incluye préstamos personales, pagos fraccionados, microcréditos, créditos rápidos y sus variantes. Por primera vez, la normativa abarcará los modelos de **buy now, pay later**, que han visto un notable crecimiento entre los consumidores más jóvenes. Además de la prohibición de la emisión no solicitada, se introduce un nuevo límite al coste del dinero en productos como las **tarjetas revolving**, que han sido objeto de múltiples sentencias judiciales debido a sus altos intereses.

La nueva norma también establece límites claros a los costes de los descubiertos bancarios, donde las cuentas corrientes quedan en números rojos, lo que conlleva el cobro de comisiones e intereses. En un movimiento hacia la **transparencia**, la ley amplía la supervisión del **Banco de España** a las empresas que conceden créditos de consumo, un sector que anteriormente contaba con menos control que la banca tradicional. Esto incluye a plataformas de financiación online y entidades no bancarias que operan en el sector del crédito rápido, asegurando que todas las empresas cumplan con los mismos estándares de protección al consumidor.

Obligaciones de transparencia y evaluación de solvencia

Las obligaciones de transparencia se han reforzado considerablemente. Los contratos de crédito deberán incluir información clara sobre el coste total, la **TAE** (Tasa Anual Equivalente), las condiciones de pago y las consecuencias de los impagos, y esta información deberá proporcionarse con la suficiente antelación para que el consumidor pueda tomar decisiones informadas. Las entidades bancarias estarán obligadas a **evaluar de forma rigurosa la solvencia** de los solicitantes antes de conceder cualquier tipo de crédito, incluyendo tarjetas de crédito.

Esta evaluación debe basarse en información actualizada sobre los ingresos y gastos del consumidor, evitando así la concesión de créditos a personas que no tienen la capacidad real de devolución. Este enfoque busca poner fin a prácticas en las que las entidades activaban líneas de financiación de manera unilateral, a menudo vinculadas a paquetes comerciales o promociones. Históricamente, muchos consumidores se han encontrado con tarjetas de crédito no solicitadas o con aumentos de límite que jamás solicitaron, incrementando así el riesgo de sobreendeudamiento.

Las asociaciones de consumidores han recibido positivamente esta medida, aunque enfatizan la importancia de **vigilar su correcta aplicación** por parte de las entidades financieras. Desde el sector bancario, se reconoce que la normativa requerirá modificar algunos procesos comerciales y sistemas informáticos para adaptarse a los nuevos requisitos de consentimiento expreso. Estos contratos de crédito al consumo constituyen acuerdos en los que una entidad financiera presta a un consumidor una cantidad de dinero que este debe devolver en un plazo determinado, generalmente con intereses.

La regulación actualizada establece límites a los importes, exige proporcionar información precontractual clara y fija derechos como el de desistimiento o la amortización anticipada sin penalización excesiva. En particular, las tarjetas revolving quedarán bajo un marco normativo más estricto, estableciendo límites específicos al coste de estos productos, que a menudo superan el 20% de TAE.

Con esta nueva legislación, el Gobierno busca prevenir abusos desde el origen y proporcionar un marco legal que proteja a los usuarios de intereses desproporcionados. Los sistemas de **buy now, pay later**, que permiten adquirir productos y pagarlos en plazos, también serán regulados para garantizar que las empresas cumplan con los mismos niveles de transparencia y evaluación de solvencia que el resto del sector financiero.

Aunque estas iniciativas pueden resultar convenientes para los consumidores, también presentan riesgos de sobreendeudamiento, especialmente entre los jóvenes, quienes pueden acumular múltiples compras aplazadas sin ser plenamente conscientes de sus obligaciones de pago. La inclusión de estos sistemas en la nueva normativa es un paso importante hacia la protección del consumidor en un entorno financiero cada vez más complejo.