¿Sabías que miles de matrículas vehiculares podrían ser parte de un escándalo criminal? ¡Descubre la conexión impactante!

La Asamblea Nacional de Ecuador ha decidido iniciar un proceso de fiscalización a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, para investigar a las entidades municipales encargadas del tránsito por la presunta emisión ilegal de matrículas vehiculares a grupos de delincuencia organizada. La iniciativa fue promovida por el asambleísta José Luis Nango, quien fue expulsado de la agrupación Pachakutik y actualmente es aliado del oficialismo Acción Democrática Nacional (ADN). En la sesión plenaria número 053, realizada el 2 de diciembre de 2025, el proyecto contó con el respaldo de 83 legisladores.

Nango expuso que en diversas ciudades del país han surgido denuncias sobre irregularidades en las agencias de tránsito municipales. Estas incluyen la matriculación ilegal de vehículos, la emisión de placas sin cumplir con los requisitos necesarios y el uso de sistemas para gestionar documentos de vehículos de origen dudoso. “No son rumores ni exageraciones, son indicios concretos de que grupos de delincuencia organizada han puesto la mirada en estas instituciones”, enfatizó Nango, aclarando que este pedido de fiscalización no implica una acusación contra todos los municipios ni funcionarios.

Durante el debate, intervinieron ocho legisladores, entre ellos Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), quien argumentó que, aunque existen razones para auditar las irregularidades en gobiernos municipales, la Asamblea Nacional no tiene la competencia legal ni constitucional para fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). “La Constitución es clara; nosotros tenemos la facultad para fiscalizar al Ejecutivo, al poder Judicial, a la Función de Transparencia y a la Función Electoral, pero no a los GAD”, señaló Serrano.

Además, sugirió que la Asamblea exija a la Fiscalía, la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la ANT que investiguen las presuntas irregularidades. Por su parte, los legisladores de la bancada de Gobierno respaldaron la iniciativa de Nango. Adrián Castro (ADN) defendió que la legislatura no puede “hacerse de la vista gorda” ante este proceso de fiscalización, ya que, recalcó, sería darle la espalda al país.

Otros miembros de la bancada oficialista, como Isaac Solano, Alejandro Lara y Diego Franco, coincidieron en que es necesario fiscalizar a las agencias de tránsito a nivel municipal para determinar responsabilidades y combatir a los grupos criminales. Lara recordó que, en un operativo en Durán en octubre de este año, se incautaron 22.000 especies de tránsito falsificadas, vinculadas a 27 agencias municipales de tránsito y a la organización ChoneKillers. Además, destacó que semanas después fue asesinado el director de tecnologías de la ANT en Quito.

El asambleísta concluyó que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las estructuras municipales de tránsito, aprovechando la debilidad institucional, y pidió al pleno que respalde esta iniciativa. Sin embargo, desde el correísmo también se argumentó que la Asamblea Nacional no tiene competencias para investigar a los GAD. Juan Pablo Molina (RC) destacó que la propuesta de Nango no es de competencia de los asambleístas, y Alejandro Vanegas (RC) observó que se está intentando arrogar funciones que corresponden a la Fiscalía General del Estado. Blasco Luna también dejó claro que aunque están de acuerdo en investigar grupos delictivos que han permeado a los municipios y a la misma ANT, la Asamblea no debe saltarse la norma y la ley.

Molina agregó que “siempre están acostumbrados a usar el tema de la inseguridad para aprobar leyes y fiscalizaciones, pero la Asamblea Nacional debe concentrarse en el trabajo para el que fuimos electos y velar por la salud, educación y seguridad”. Por su parte, Juan Gonzaga, legislador independiente, criticó la cantidad de cambios de orden del día en cada sesión, advirtiendo que los consejos municipales y provinciales son los responsables de controlar sus instituciones. “Corremos el riesgo de que, en esta improvisación de fiscalización a cualquier institución del Estado, el país perciba que no tenemos una agenda clara, lo que puede llevar a la arbitrariedad”, alertó Gonzaga.

Finalmente, tras el debate, se procedió a la votación del proyecto de ley, que resultó en 83 votos a favor, 64 en contra y una abstención.