¿Sabías que solo el 15% de los graduados alcanzan el éxito? ¡Descubre el secreto oculto detrás de la educación superior en Argentina!

En su reciente gira por Montevideo, el cantautor cubano Silvio Rodríguez cautivó al público con una reflexión profunda, iniciando su concierto con una cita del célebre poeta y político José Martí: “Ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libre, pero ser próspero es el único modo de ser bueno”. Las palabras resonaron en la sala, mientras los acordes de “Ala de colibrí” acompañaban la emotividad del momento. Esta conjunción de felicidad, bondad y libertad me llevó a pensar en el concepto de prosperidad y su relación con la educación.

Una vida próspera, entendida como un bienestar colectivo, implica el pleno acceso a derechos fundamentales, especialmente a la educación y la cultura. El acceso equitativo a la educación superior se ha vuelto un tema crucial en América Latina, donde, a pesar de ser reconocida como un derecho humano, las inequidades persisten y se agravan con el tiempo. La educación superior no solo debe ser un derecho, sino que debe garantizar condiciones para que todas las personas puedan acceder, permanecer y graduarse, sin importar su origen social, género, etnia o situación económica.

Aunque la gratuidad y el libre acceso son pasos importantes, no son suficientes para cerrar las brechas existentes. Las estadísticas muestran que los estudiantes de los quintiles más bajos de ingresos enfrentan obstáculos significativos para ingresar y completar sus estudios. Por ende, es imperativo que las políticas públicas se enfoquen en asegurar que la educación superior sea una verdadera herramienta de movilidad social y no un espejo de desigualdades.

Para abordar esta problemática, es necesario revisar y fortalecer los marcos institucionales que rigen la educación superior, así como las políticas de becas y los dispositivos de acompañamiento. No basta con abrir las puertas; hay que asegurar que todos los estudiantes puedan transitar y culminar con éxito sus procesos educativos. Este enfoque no solo fortalecerá la educación, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más cohesionada y comprometida con la justicia y la democracia.

Las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en este proceso. Son el patrimonio colectivo que sustenta el desarrollo soberano y permiten el diálogo entre la academia y la sociedad. La participación activa de estas instituciones en foros nacionales e internacionales contribuye a la formulación de políticas que respondan a las necesidades sociales y a la realidad del país. Asegurar su protagonismo en instancias de concertación regional y global es vital para fortalecer las capacidades institucionales necesarias y hacer tangibles los principios enunciados en diversas declaraciones y acuerdos.

Es crucial recordar que las universidades han sido, y deben seguir siendo, espacios de debate y pluralidad. En estos espacios, las voces más vulneradas de la sociedad encuentran un lugar para ser escuchadas y valoradas, y el intercambio entre estudiantes, docentes y graduados genera resultados concretos y significativos.

El Rol de la Educación Superior en la Prosperidad Colectiva

La pregunta que se plantea es cómo articular las políticas de educación superior con la construcción de un bienestar común. En un contexto donde la diversificación y el crecimiento de instituciones terciarias y universitarias son evidentes, se torna urgente consolidar un Sistema de Educación Superior de calidad, que esté en sintonía con el Sistema Nacional de Educación. Las estrategias deben ser conjuntas y evitar sistemas segmentados que perpetúen las inequidades existentes.

La inversión en infraestructura, la promoción de carreras relevantes, el aseguramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de la investigación son algunas de las acciones que deben estar en el centro de las políticas públicas. Estas medidas deben ser pensadas a corto, mediano y largo plazo, con un enfoque de estado que involucre a las instituciones de educación superior como protagonistas en el desarrollo de un sistema inclusivo y descentralizado.

Además, el fenómeno de la transformación digital y los desafíos que plantea el cambio climático exigen que la educación superior se adapte y evolucione. La pandemia de COVID-19 aceleró la transición hacia nuevos formatos de enseñanza y evidenció las profundas brechas en el acceso a tecnologías y habilidades digitales. La educación superior debe también abordar las políticas de equidad de género, inclusión de personas con discapacidad y el reconocimiento de la diversidad cultural.

La cooperación internacional y regional se presenta como un elemento estratégico. La educación superior en América Latina debe ser concebida en términos de solidaridad, integración y soberanía. Fortalecer la colaboración entre estados e instituciones universitarias permitirá abordar las necesidades y perspectivas compartidas en la región.

Finalmente, construir una educación superior como derecho y bien público es un compromiso a largo plazo que exige amplios consensos y un diálogo enriquecedor. Este esfuerzo no solo transformará vidas, sino que también contribuirá a forjar una ciudadanía crítica y participativa, fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y un futuro próspero.

Virginia Villalba es responsable del Área de Educación Superior de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.