¿Te imaginas protestar por seguridad y enfrentarte a la violencia del Estado? ¡Descubre el impactante caso de 300 ciudadanos desarmados!

La reciente aparición de "granaderos fantasma" en el contexto de la seguridad pública ha suscitado una profunda preocupación sobre la falta de transparencia en el accionar estatal. Estos cuerpos de reacción inmediata, carentes de identificación clara y protocolos de actuación visibles, han sido descritos como espectros: sin rostro, sin nombre y sin rendición de cuentas. Este fenómeno no es fortuito, sino el resultado de un diseño institucional que busca evadir las consecuencias de sus acciones. En cualquier democracia funcional, es fundamental que los agentes del Estado que utilizan la fuerza sean plenamente identificables. La ausencia de policías anónimos es crucial para garantizar la confianza en las instituciones. Cada miembro de las fuerzas de seguridad debería portar una credencial visible con un número único, cada unidad debería tener una comandancia claramente identificada, y cada acción debe ser registrada en video con una cadena de custodia.

La opacidad actual, lejos de ser un mecanismo de seguridad nacional, actúa como un escudo para proteger abusos y evitar denuncias efectivas, erosionando el Estado de derecho desde adentro. Ante esta situación, es necesario que los gobiernos locales y el federal respondan a preguntas cruciales: ¿quién autorizó el despliegue de estas unidades? ¿Bajo qué protocolos operaron? ¿Quiénes son los mandos responsables? La negativa a transparentar esta información no es solo una falta de voluntad, sino una forma de encubrimiento institucional.

La respuesta oficial a los recientes hechos de violencia ha estado marcada por el negacionismo. Funcionarios han minimizado sistemáticamente el uso excesivo de fuerza, a pesar de la evidencia en video que muestra agresiones desproporcionadas. Mientras que el discurso oficial habla de "control profesional", la realidad documentada contrasta fuertemente y evidencia una estrategia de impunidad. Esta brecha entre la narrativa gubernamental y los hechos observados legitima una creciente desconfianza ciudadana y alimenta teorías conspirativas. Al minimizar los abusos policiales, el gobierno envía un mensaje claro: la violación de protocolos no tendrá consecuencias, lo que refuerza la percepción de que el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo, no a la ciudadanía.

Propuestas para una reforma necesaria

Frente a esta crisis de confianza, la solución no radica en prohibir manifestaciones o militarizar respuestas. Se requiere una voluntad política genuina para implementar reformas concretas que incluyan protocolos estandarizados basados en mejores prácticas internacionales, certificación obligatoria de policías en gestión de protestas y una identificación plena de todos los elementos desplegados. Además, es fundamental que se realicen grabaciones oficiales de los operativos con acceso público posterior y se establezcan sanciones efectivas contra excesos documentados. Es también crucial implementar mesas técnicas permanentes con organizaciones civiles para evaluar la actuación policial.

Asimismo, resulta urgente desarrollar una inteligencia preventiva real, con unidades especializadas en detectar infiltraciones y establecer comunicación previa con organizadores legítimos. Las estrategias de aislamiento quirúrgico de grupos violentos, sin afectar a manifestantes pacíficos, deben ser una prioridad.

Como se ha evidenciado en diversas manifestaciones a nivel mundial, un país puede tener protestas masivas que sean simultáneamente pacíficas y efectivas en la exigencia de cambios. Sin embargo, esto requiere instituciones competentes que protejan tanto el derecho a la protesta como la seguridad colectiva. Los hechos del 15 de noviembre han demostrado que estamos lejos de alcanzar ese equilibrio. La pregunta que queda en el aire es si existe la voluntad política necesaria para construir un sistema más transparente y responsable, o si continuaremos repitiendo errores evitables mientras la confianza ciudadana se desmorona. Esta decisión será crucial para determinar nuestra capacidad de madurar democráticamente y no quedarnos atrapados en ciclos de incompetencia institucional que benefician únicamente a quienes buscan desestabilizar.

Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en Política de Seguridad y exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal, subraya la necesidad de un cambio estructural en la gestión de la seguridad pública. Su voz resuena con fuerza en un contexto donde la rendición de cuentas y la transparencia son más necesarias que nunca.