Libertad de expresión versus Inteligencia Artificial

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) manifestó su preocupación por el impacto del uso de la inteligencia artificial (IA) sobre la libertad de expresión en Internet.

A través de reciente informe, la entidad se preguntó: “¿Se puede dejar la moderación y curación del contenido a algoritmos e inteligencia artificial?”.

La OSCE muestra su inquietud con las empresas que manejan redes sociales porque actúan como “gatekeepers o guardianes de la información».

Es decir, seleccionan la información que se publica y ejercen un control que puede llegar a la eliminación de contenidos.

Como intermediarios en Internet, estas plataformas juegan un papel esencial para permitir el flujo entre quienes crean o publican contenido.

También influyen en aquellos que reciben dicha información, alojando contenido pero también “moderando” su visualización.

Es cierto que la mayor parte de los problemas no son específicos de la IA.

El uso intensivo de la automatización en la moderación de contenidos potencia las preocupaciones por su afectación a derechos humanos fundamentales.

Esos derechos alcanzados son:

• libertad de expresión
• igualdad
• la no discriminación.

El informe plantea la necesidad de encontrar propuestas concretas sobre herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

El objetivo es que las mismas sean compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y las sociedades.

En este sentido, la OSCE plantea que los Estados deberían generar un entorno político y legislativo propicio y pluralista, que podría incluir regulación, en relación con el manejo de la inteligencia artificial.

Francia, contra las plataformas

La justicia francesa validó la decisión de la Autoridad de la Competencia de Francia que ordenó a Google negociar con la prensa francesa sobre una remuneración por utilizar sus contenidos.

Esta decisión de la Corte de Apelaciones de París será examinada de cerca en otros países europeos.

Esto se debe a que la ley sobre los derechos afines era en su origen una directiva europea de 2019 y Francia fue el primer país que la aplicó.

Los derechos afines prevén una remuneración por parte de las plataformas digitales a los medios de prensa por publicar sus contenidos, especialmente videos y fotos.

Para la presidenta de la Autoridad de la Competencia francesa, Isabelle de Silva, «es una decisión muy importante. La competencia se aplica a todos, incluso en lo digital».

Prensa en crisis

La prensa francesa atraviesa una profunda crisis, fruto del avance de las nuevas plataformas digitales.

En este contexto, los medios buscan encontrar una nueva fuente de financiamiento, por ejemplo, a través de Google.

Google y otras plataformas mantiene relaciones tumultuosas con la prensa.

Los medios de comunicación le reprochan que utiliza su contenido sin remunerarla correctamente por lo que ganan con ello.